El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha expresado su “profundo malestar” tras conocer las propuestas de cada grupo parlamentario para renovar el Consejo de Administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual, sobre las que han aparecido multitud de informaciones en los diversos medios de comunicación.
Sin más información que la difundida por los medios, “a pesar de ser nuestra organización la representante de la profesión en la comunidad autónoma y a pesar de haber solicitado que como tal nuestra opinión sea tenida en cuenta”, desde el Colegio de Periodistas de Andalucía muestran su “indignación” por el “uso partidista, propagandístico, político y casi esperpéntico que desde el Parlamento andaluz se sigue dando a la radiotelevisión autonómica y al Consejo Audiovisual de Andalucía”.
El Colegio de Periodistas reitera su demanda a los grupos parlamentarios para que en todas las propuestas aparezcan profesionales del Periodismo y la Comunicación Audiovisual y que de ese modo “no pierdan la oportunidad de dignificar ante la ciudadanía la composición del consejo de administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual”.
El Colegio de Periodistas recuerda que la historia del periodismo español hunde sus raíces en nuestra comunidad autónoma y que “hay cientos de profesionales en Andalucía con una extensa formación y cualificación profesional para ejercer la enorme responsabilidad que supone velar por el pluralismo informativo. Si quieren encontrarlos, están trabajando en los medios, los gabinetes, son miembros de nuestro Colegio y de las asociaciones profesionales de cada provincia. Seguro que responden a los criterios establecidos tanto en la Ley de la RTVA (Ley 18/2007 de 17 de diciembre) como en la Ley de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía (Ley 1/2004 de 17 de diciembre).”
“Nos preguntamos qué tipo de credibilidad pretenden tener nuestros responsables políticos ante la ciudadanía que les ha votado, si su mayor preocupación del día es colocar los intereses de partido frente a los de la sociedad andaluza”. El Colegio critica igualmente el incumplimiento de la obligación de la presencia equilibrada entre mujeres y hombres y el olvido de los principios que tanto predican los diferentes grupos de igualdad, mérito y capacidad para los empleados públicos, “teniendo en cuenta que estas personas también lo son desde el punto que mantendrán salarios por el desempeño de las funciones que asumen”.
Tal y como trasladó hace una semana mediante registro al gobierno andaluz y los grupos parlamentarios, desde el CPPA solicitan que tengan en cuenta estas peticiones y reconsideren sus propuestas. Nuevamente ofrece su disposición para “aportar y ayudar en todo lo que sea sea necesario para dignificar nuestra profesión y estos dos organismos tan denostados en los últimos años por culpa de las injerencias políticas”.
Desde el CPPA creen que “con profesionales en los medios de comunicación públicos seleccionados mediante concurso público, como se hace con cualquier otro servicio público, ni siquiera es necesario un consejo de administración que cueste a la ciudadanía cientos de miles de euros al año. Lo que realmente hace falta es confiar en el buen hacer de los trabajadores de la RTVA, renovar la plantilla y dotar en definitiva a la radio televisión pública de recursos humanos y técnicos suficientes, invertir y apostar de una vez por todas por el derecho a la información de la ciudadanía andaluza”.
Recuerda además los principios y objetivos básicos de los servicios públicos de radiodifusión, recogidos en distintos recomendaciones y textos comunitarios, en los que se declara que “el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación” (Tratado o Protocolo de Amsterdam). De ahí, la necesidad de garantizar su independencia y su profesionalidad más allá de los gobiernos de turno.
Algo parecido ocurre con los nombramientos de las personas integrantes del Consejo Audiovisual de Andalucía; la autoridad independiente que, en opinión del Colegio de Periodistas, ha asistido durante 14 años al deterioro progresivo de la función del servicio público.
Una institución a la que, desde el Gobierno y el Parlamento, se le ha negado una verdadera independencia que garantice un control eficaz del efectivo cumplimiento de las obligaciones de servicio público y del control de financiación; controles que, tal y como señala la Comunicación de la Comisión sobre radiodifusión, solo resultarían eficaces si los efectuara un organismo realmente independiente de la dirección de la RTVA, (a lo que desde el Colegio añadimos) del Gobierno y del Parlamento; un organismo que debería contar con la capacidad y los recursos necesarios para llevar a cabo el control con rigor y regularidad y que dé lugar a la imposición de las medidas correctoras apropiadas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público en los ámbitos autonómico y local.
Podríamos tildar de despropósito la propuesta que ha acabado con el bloqueo de la dirección de la Agencia y de la Institución audiovisuales; pero aún lo sería más si se quedan exclusivamente en este “chalaneo”. Han transcurrido casi nueve meses desde que se publicara la Ley Audiovisual de Andalucía, y aún están pendientes de desarrollo reglamentario, entre otras disposiciones, el derecho de acceso; los estándares de calidad mínimos de los servicios de accesibilidad; la organización y funcionamiento del registro de personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual; el procedimiento de elaboración, contenido y posibles prórrogas del Plan Estratégico Audiovisual de Andalucía; un Plan bienal de ordenación e impulso del sector audiovisual andaluz, en el marco del Plan Estratégico; la propuesta del sistema de medición y seguimiento de audiencias; la Estrategia andaluza para el impulso de la industria cinematográfica y de la producción audiovisual; la creación del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía; y el Estatuto de la Información.
Quizá en el Gobierno y en el Parlamento “no tengan bulla”, pero la ciudadanía no puede seguir pendiente de acuerdos en los que no priman sus intereses sino los de los partidos y sus repartos de asientos.
